Una nueva polémica entre actores judiciales pone de manifiesto las debilidades que caracterizan al Estado panameño en la lucha contra la corrupción. Cuatro jueces han sido suspendidos, mientras se investiga la extensión de las irregularidades encontradas por una auditoría. La Corte ha buscado justificar la medida de separación del cargo mediante un acuerdo de carácter administrativo. Los jueces bajo investigación buscan resistir la medida alegando que, de acuerdo con la Constitución, se trata de un acto nulo por ilegal, pues las normas constitucionales exigen que la suspensión de los funcionarios judiciales se aplique según lo reglamenta la ley, y no una norma de carácter administrativo.

La trascendencia de esta grave controversia no puede ser subestimada. Se trata de una discusión en la que la traición a la ley y el beneficio ilícito podrían quedar impunes sólo porque nuestras máximas autoridades se comportan con torpeza. Pese a sus intenciones justicieras, los magistrados de la Corte que separaron provisionalmente a los jueces aparentemente corruptos, podrían encontrarse desprovistos de la razón procedimental que exigen la Constitución y las leyes para atender tan delicada situación.

Si se produce una justificada derrota de las buenas intenciones de la Corte, pierde el país, se causa una gran decepción en la ciudadanía y se alza una vez más victoriosa la corrupción. Parece que no queremos aprender que para combatir la corrupción se necesitan leyes apropiadas y líderes con el compromiso y la visión de los enormes retos que esta lucha significa. De otra forma ganan siempre los cacos.