Cuando este artículo (lo envié anteayer) aparezca publicado ya habrá sido aprobada la ley que deroga aquella que, hace 16 años, aprobó el Tratado Constitutivo del Parlacen.
Aunque “las discusiones” de la Asamblea son desesperantes, por sus niveles de inconsistencia y mediocridad, el pasado viernes estuve siguiéndolas para comprobar lo que era un secreto a voces: que la aplanadora oficialista derogaría la Ley del Parlacen. En el debate, si así puede llamarse, que fue de puro trámite sin llegar al fondo de nada, “se aclaró” que, antes de que la Asamblea se reuniera, nuestro gobierno ya había presentado en Guatemala la denuncia del tratado, para desvincularnos del Parlacen, en 12 meses.
“Las obligaciones se deshacen de manera inversa a como se hacen” (traducción libre de una máxima del Derecho Romano)”. Por consiguiente, si el tratado de Parlacen había sido aprobado mediante una Ley, en orden lógico, primero debió aprobarse la derogación de ésta, y luego procederse a la denuncia. No recuerdo, antes de que me venciera el sueño, haber escuchado que ese punto fuera siquiera mencionado.
El tratado del Parlacen no contiene “cláusula de denuncia” y, por consiguiente, la falta de ésta debe suplirse aplicando la “Convención de Viena sobre el derecho de los tratados” y el equipo de la Cancillería “que ilustró el debate”, se esforzó en argumentar que la denuncia presentada en Guatemala se había hecho con fundamento en su Artículo 56.
El Artículo 56, se contrae a dos numerales, del siguiente texto: “1) Un tratado que no contenga disposiciones sobre su terminación ni prevea la denuncia o el retiro del mismo, no podrá ser objeto de denuncia o de retiro a menos: a) que conste que fue intención de las partes admitir la posibilidad de denuncia o de retiro; o b) que el derecho de denuncia o de retiro pueda inferirse de la naturaleza del tratado. 2) Una parte deberá notificar con doce meses, por lo menos, de antelación su intención de denunciar un tratado o de retirarse de él conforme al párrafo 1.”Uso las itálicas para destacar que no basta la notificación con 12 meses de antelación; además, deben concurrir los supuestos de los literales a) y b), y ninguno de los dos ha sido fundamentado.
Recientemente, fue anunciado que el gobierno nombró a los miembros del Consejo Nacional de Relaciones Exteriores. Por sus connotaciones jurídicas y políticas, esa instancia debió haber analizado la decisión del presidente Martinelli y rendir el correspondiente dictamen. Pudo habérseme escapado, por el sopor que producía el “segundo debate”, pero nunca escuché, de parte de los representantes de la Cancillería, que ese trámite se hubiera intentado.
Es lamentable que el tema de la salida del Parlacen, desde que el presidente Martinelli anunció su decisión de retirar a nuestro país, haya sido enfocado cerrando toda posibilidad de considerar alternativas. Las sesiones extraordinarias no se convocaron para analizar el tema sino para ratificar un hecho cumplido, pues, repito, antes de que éstas se iniciaran ya se había presentado “la denuncia”. En tales circunstancias, y siendo que se alega que ésta se hizo “con fundamento en la Convención de Viena”, cabe preguntar: ¿Eran necesarias, desde un punto de vista estrictamente jurídico, las sesiones extraordinarias? La respuesta es no. La Convención de Viena es Ley de la República. La razón para convocar a sesiones extraordinarias no fue jurídica sino política: ratificar, para revestirla de “acto de soberanía”, la decisión que ya había tomado el presidente Martinelli.
Hace unas semanas, escribí un artículo bajo el título “Parlacen: ¿reformarlo o retirarnos? Sugerí que nuestro gobierno, antes de tomar una decisión final, debía proponer a los otros estados-parte las reformas para cambiarlo y que si éstas son rechazadas, entonces optáramos por retirarnos. Panamá (el presidente Martinelli) presidirá el Sistema de Integración Centroamericano, a partir de enero. Sería oportuno, táctica y políticamente, aprovechar esa ven taja para plantear, con toda la energía que sea necesaria, una propuesta panameña para reformar el Parlacen o sustituirlo por otra instancia. Escoger esa vía contribuiría a dar relieve a nuestra política exterior; la optada, todo lo contrario |
