El gobierno está capitalizando el desgaste institucional que acarrean las instituciones estatales y también las llamadas de la sociedad civil y sindicalistas. La ley 30 su detonante. Su aplicación desencadenó una condena en la forma empleada y parte del contenido que abarca varios temas ácidos, que a juicio del Ejecutivo, son un obstáculo para la construcción de proyectos nacionales, el control de la criminalidad y el desarrollo económico nacional. Por un lado, observamos instituciones débiles, que han tolerado la corrupción y no han hecho lo suficiente para adecentarse, situación que ha generado desconfianza en el aparato estatal. En este renglón no fueron bien recibidas las garantías otorgadas a los uniformados para controlar el hampa durante su labor. Un parágrafo que admite múltiples interpretaciones subjetivas y que en su defecto, los grupos descontentos entienden como una acción acompañada con una coraza de impunidad que atenta contra sus propias garantías individuales. Este resultado podría provocar mayor distanciamiento entre la policía y la población por el temor que puede infundir una acción injustificada del policía, luego entonces, alimenta una percepción autoritaria, poco comunicativa y el aislamiento. Por otra parte, los movimientos sindicales que por años se han sostenido de las cuotas obrero patronales, se sienten vulnerados en su estabilidad económica y solidez. Una fortaleza que, por el mismo tiempo, ha dado poco espacio al relevo generacional, y hoy, el gobierno amasa a su favor para debilitarlo. A la par, vemos un sector ambientalista preocupado por la conservación de los recursos naturales, cuyo ingreso principal descansa en consultorías de esta rama. Asesorías que, a un año de gestión son un estorbo para el gobierno que lleva prisa en la implementación de promesas de campaña. Pero en términos amplios, prescindir de estos estudios, podría abrir camino a infraestructuras aún no anunciadas, por ejemplo: el tapón del Darién.