Me alegra mucho que hayan soltado de la cárcel al periodista Carlos Núñez, pero su liberación no hace más que confirmar, nuevamente, que lo que se hace pasar por justicia en Panamá es en verdad un sistema injusto plagado de arbitrariedad, manipulación y conceptos obsoletos. Eso es en el mejor de los casos, porque el peor involucra franca corrupción.

La arbitrariedad está confirmada por el hecho de que de un día a otro, repentinamente, la condena muy severa de un año de prisión que se le había impuesto a Núñez quedó reducida a una multa irrisoria de 68 dólares (o sea, 34 días multa a razón de dos dólares por día). Como Núñez ya llevaba 19 días preso, solo tuvo que pagar 30 dolarcitos para recuperar su libertad y poner fin a toda la pesadilla. Si partimos de la premisa de que uno de los requisitos de la justicia es que el castigo sea justamente proporcional al delito, es inexplicable que un año de prisión sea equivalente a 68 dólares de multa. O la primera sentencia era arbitrariamente severa o la segunda era arbitrariamente liviana. O –y esta tercera posibilidad es para mí la explicación correcta– las dos fueron totalmente arbitrarias, para nada fundamentadas en lo que debe ser justicia.

Además, me luce obvio que consideraciones ajenas a la justicia influyeron en que se redujera la sentencia de lo catastrófico a lo ridículo. Como organizaciones internacionales en Estados Unidos y Europa criticaron el encarcelamiento de Núñez y la comunidad periodística panameña también brincó a su defensa, creo que las autoridades judiciales panameñas se sintieron presionadas a liberar inmediatamente a Núñez. No alego que hubo “manipulación política” en el sentido tradicional, pero sí creo que se quiso manipular el caso para lograr un desenlace menos “políticamente incorrecto”, como dicen los estadounidenses.

¿Por qué era “políticamente incorrecto” encarcelar a Núñez? Porque en la mayoría de países civilizados, la difamación se resuelve por pleito civil, no por caso penal y mucho menos con condena de prisión. Es cierto que hay algunos países que todavía tienen leyes de difamación penal, pero la tendencia es reconocer que criminalizar la libertad de expresión es inconsistente con democracia. Por ello, la tendencia es eliminar estas leyes, además de que en países avanzados, un caso de difamación (incluso por vía civil) requiere que la información sea falsa y que haya sido divulgada deliberadamente y con malicia; no hay difamación si la información es veraz o si fue emitida por error o en “buena fe”. Que nuestra legislación omita esos requisitos es un ejemplo de cómo la justicia panameña se aferra a conceptos obsoletos.

Mientras tanto, hay otro caso en Panamá que esta semana atrajo la atención muy crítica de una ONG en Washington. Es el caso de Wilson Charles Lucom, un multimillonario estadounidense que murió en Panamá en 2006, dejando su fortuna de 50 millones de dólares para crear una fundación para beneficio de los niños pobres de Panamá. La batalla sobre su testamento ha sido feroz y está muy lejos de resolverse, pero lo que quiero destacar hoy es que el Consejo de Asuntos Hemisféricos (Coha) emitió un comunicado el lunes sentenciando que el embrollo ilustra las fallas de la justicia panameña. Según Coha, el caso “sugiere que hay diferentes grados de justicia para los distintos panameños, dependiendo de su estatus social y político”. Hay indicios de “un aparato judicial anacrónico y oscuro, cuya estructura lo hace altamente vulnerable a manipulaciones políticas”.

Por ello, subraya Coha, no es sorpresa que Panamá haya recibido muy mala nota cuando el Barómetro Global de Corrupción de 2009 preguntó a los panameños cómo califican su aparato judicial. En un esquema donde “1” significa no corrupto y “5” significa extremadamente corrupto, los panameños dieron nota de “4.4” a su aparato judicial. (Nota de “4.6” para los partidos políticos y la Asamblea; “2.8” para los medios).