La comisión nombrada por el pleno de la Corte Suprema de Justicia, que auditó 12 expedientes en los que intervino un jurado de conciencia, recomendó adelantar las restricciones aplicadas a esa figura que aparecen en el nuevo Código Procesal Penal que entra en vigencia el 2 de septiembre de 2009.

Tales sugerencias aparecen en el informe que los cinco integrantes de esa comisión entregaron a los magistrados de la Corte, tras concluir su auditoría temática en la que entrevistaron a funcionarios que participan en la selección, citación, búsqueda y atención de los eventuales integrantes del cuerpo de jurado (ver tabla: propuestas).

Un reporte oficial del Órgano Judicial indica que entre las fallas encontradas por los comisionados, resalta aquella en que la escogencia final del jurado queda en manos del “conductor del carro y los citadores”, quienes salen en la búsqueda del centenar de personas sorteadas, pero retornan al tribunal solo con las primeras ocho personas que no rechazan prestar este servicio público.

ALGUNOS CASOS

El informe entregado el pasado 3 de junio al presidente de la Corte, Harley Mitchell, llegó una semana después de que el Segundo Tribunal Superior ordenara una investigación interna por posibles actos de corrupción en la escogencia del cuerpo de jurado.

La medida fue adoptada después que el 28 de mayo pasado se suspendiera abruptamente una audiencia por un homicidio ocurrido en los carnavales de 2004, en Barraza, en la que los implicados son dos miembros de la pandilla Los Carnales que opera en El Chorrillo.

Cuatro de los siete integrantes del jurado –residentes en El Chorrillo– alertaron al magistrado presidente de la audiencia porque se sentían intimidados de dictar sentencia, ya que no solo los acusados residían en el mismo corregimiento donde vivían ellos, sino también el público que estaba en el tribunal .

La advertencia levantó sospecha sobre la posible filtración de información que manejan los encargados de buscar al jurado.

Ya el 1 de abril de 2009, la absolución de un supuesto pandillero de El Pentágono, en una audiencia por el crimen de Jhonny Pozo –compadre de David Viteri– provocó que Mitchell ordenara una investigación para determinar si el jurado había sido amenazado para que declarara inocente a Óscar Morvsich.