
La consultora internacional McKenzie Co., contratada para elaborar una propuesta de Reforma Tributaria, propone incrementar del 5 al 8% el ITBMS (Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios) y aumentar los impuestos al licor y a la cerveza.
El borrador, que fue presentado el pasado lunes ante el Consejo de Gabinete, consta de unos 120 artículos que tratan diversos aspectos referentes a la materia tributaria.
Panamá América conoció extraoficialmente que la propuesta incluye la revisión del Impuesto Sobre la Renta para las personas naturales y jurídicas y la introducción del impuesto único "flat tax".
También incluye examinar las exoneraciones que otorga el Estado panameño a diferentes sectores económicos y organizaciones sin fines de lucro.
McKenzie Co. recomienda reestructurar el sistema de cobro de impuestos y la Dirección General de Ingresos (DGI), así como la eliminación del Cálculo Alternativo para el Impuesto Sobre la Renta (CAIR).
Según la consultora, se justifica un aumento del ITBMS en Panamá, entre dos y tres puntos porcentuales, tomando en consideración que este es uno los países con el impuesto más bajo en América Latina y el mundo.
Panamá América conoció que algunos miembros del Gabinete rechazaron la propuesta, primero por el costo político que podría representar y, además, por considerar que afectaría la competitividad de Panamá como centro de compras internacionales y el crecimiento de la economía nacional.
McKenzie Co. cobrará cerca de B/ 2.5 millones por esta asesoría.
En materia de Impuesto Sobre la Renta para personas naturales, se elimina el cobro para los que devengan un salario menor a mil balboas, pero se cambian algunos elementos como la declaración de dependientes y otros.
Durante el pasado Consejo de Gabinete, se decidió postergar la discusión de la propuesta y dejarla para el nuevo período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional que se inicia en enero de 2010, a fin de que sea aprobado antes de los próximos carnavales.
Los cambios serían un complemento a la Reforma Fiscal o Ley 49 de 17 de septiembre y la Ley 69 de 6 de noviembre que prohíbe la equiparación en contratos y otras modalidades con el Estado.
Fuentes legislativas informaron que, previa la aprobación de esta propuesta, se pretende realizar un período de consultas que involucraría, organizaciones empresariales, sindicales, abogados, contadores y representantes de la sociedad civil en general. |